La Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes (AEERC) y la Asociación de Compañías de Experiencia con Clientes (Asociación CEX) han presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre el Registro de Jornada. Ambas organizaciones consideran que la normativa introduce una rigidez excesiva que no se adapta a la realidad de las empresas, especialmente en el sector de la atención al cliente.
Tres puntos críticos y 10 propuestas de mejora
Las asociaciones señalan tres problemas principales en el proyecto de Real Decreto:
1. Invasión de la negociación colectiva: La regulación limita la capacidad de empresas y trabajadores para pactar soluciones que se adapten a sus necesidades específicas, lo que invade un espacio tradicionalmente reservado a los convenios colectivos.
2. Ausencia de ayudas para PYMES: La obligatoriedad de implementar sistemas de registro digitales supone una carga económica considerable para las pequeñas y medianas empresas. Las asociaciones reclaman un plan de ayudas públicas específico para financiar estas inversiones en digitalización.
3. Problemas legales y de seguridad: La propuesta plantea serias dudas en relación con la protección de datos personales de los empleados y podría vulnerar el derecho de defensa de las empresas, comprometiendo la tutela judicial efectiva.
Para corregir estas deficiencias que recoge el proyecto del Real Decreto, ambas asociaciones han presentado un decálogo de medidas concretas:
1. Reconocer legalmente el uso de la huella dactilar como método de registro.
2. Crear un plan de ayudas públicas para PYMES.
3. Exigir un informe previo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) antes de habilitar el control remoto.
4. Permitir la adaptación de la normativa a través de la negociación colectiva.
5. Sustituir las sanciones por trabajador por preavisos o penalizaciones proporcionales.
6. Incluir el falseamiento de datos por parte de los empleados como causa de despido disciplinario.
7. Eliminar las presunciones legales automáticas en favor del trabajador.
8. Prever exclusiones justificadas del registro para ciertos colectivos.
9. Habilitar expresamente la negociación colectiva para la adaptación de la norma.
10. Establecer un plazo de al menos un año para la entrada en vigor de la nueva normativa.
Desde ambas organizaciones, esperan que sus aportaciones sean consideradas en la redacción final del Real Decreto. «Creemos firmemente que una regulación de jornada debe buscar un equilibrio justo entre la protección de los trabajadores y la flexibilidad y competitividad de las empresas. Solo así se logrará una normativa que, además de cumplir sus objetivos, se adapte a la realidad del mercado laboral y fomente la seguridad jurídica para todos los actores implicados», señalan.
