En este artículo, José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC, hace hincapié en las que, según los profesionales del sector, estarán entre las mayores consecuencias de la aplicación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela: las ineficiencias que generará. 
Es de todos sabido que legislar que el 95% de las llamadas se tienen que atender incluso en épocas de alta demanda, no es más que un ejemplo de como se regula para que las empresas en lugar de buscar la eficiencia, den un paso hacia atrás en criterios de competitividad, obligándolas a la asignación de recursos con criterios de ineficiencias, provocando un impacto millonario en las compañías españolas. Por ejemplo en una reciente noticia, el sector de las telcos, cifra el impacto en unos 30/40 millones de euros, y eso serían solo las telcos, pero pensemos en la aseguradoras, banca, eléctricas, transporte y las miles de empresas que se van a ver obligadas a sobredimensionar sus servicios de atención al cliente, cuando estamos asistiendo a un verdadero caos en la atención de los ciudadanos en las administraciones, tanto en la Sanidad, en la Seguridad Social como en los servicios de empleo, en los que no hay el más mínimo estándar de calidad, que si se impone con esta Ley a las empresas, que ya de facto, venían gestionando no solo con criterios de eficiencia, sino que la apuesta por criterios de experiencia y satisfacción de cliente, es la máxima del sector.
Los estándares de atención del sector, ya son altos y muy exigentes, y lo demuestra la reducida ratio de reclamaciones sobre el total de llamadas, de manera que, desde el punto de vista del cliente, esta nueva norma no va a producir apenas efecto en la calidad y en cambio va a suponer un alto coste a las empresas.
Desde la AEERC seguimos pensando que no puede haber ciudadano de primera y de segunda, que no se debe legislar criterios de atención al cliente en la empresa privada y no hacerlo en la administración pública, y por eso, vamos a continuar planteando en la tramitación de la Ley en el Senado, que se suspenda esta hasta que verdaderamente se haga un análisis real de impacto en costes para las empresas.
(José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC)
