La Asociación Española de Expertos en Relaciones con Clientes (AEERC), ha manifestado su preocupación por el aumento de burocracia y costes que supondría el pacto alcanzado entre Junts y el Gobierno para obligar a las empresas a atender en catalán a sus clientes en todo el territorio nacional.
A la espera de conocer el texto definitivo, la AEERC advierte de que la medida, que se incluiría en el proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, generará un aumento de la carga burocrática y de los costes operativos y de adaptación para las compañías.
Según José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC, esta obligación “va en contra de la necesaria reducción de burocracia que venimos defendiendo en España y en el ámbito de la UE”. Además, supondría una “pérdida de competitividad para las empresas españolas en el mercado nacional e internacional”.
El presidente añade: «Desde la asociación estamos en contra de esta medida del gobierno que solo obedece a criterios de electorales y de oportunidad política. Hay que recordar que Junts anunció que tenía pactado un acuerdo con el Gobierno para, a través de la tramitación del proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela, “asegurar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en catalán por parte de las empresas y evitar la invasión de competencias propias de la Generalitat de Cataluña”.
La normativa afectaría a empresas de más de 250 trabajadores o que facturen más de 50 millones de euros anuales en sectores clave como electricidad, suministro de gas, de agua, compañías de telefonía, aeronáutica, ferroviarias, transporte en autobús, servicios postales, plataformas audiovisuales de pago, bancos, aseguradoras y empresas de servicios públicos.
La AEERC también ha expresado su inquietud por el impacto que esta medida que exige Junts tendría sobre la eficiencia y la calidad del servicio, especialmente para aquellas empresas que no operan en territorios con lenguas cooficiales.
