El Congreso de los Diputados ha convalidado este martes el decreto ley que traspone la directiva comunitaria MiFiD II, ahora debe tramitarse como proposición de ley. Esta normativa europea debería estar en vigor desde el pasado 3 de enero. Esta nueva regulación, relativa a los mercados de instrumentos financieros, tiene un claro objetivo de mejorar la transparencia de las entidades financieras y aumentar la protección de los inversores, la integridad del mercado y la estabilidad económica. La normativa va a modificar notablemente el modelo financiero, tanto en la forma de operar de las entidades y gestoras, como en el trabajo de cara al cliente. Pero, ¿cómo pueden las organizaciones financieras cumplir con las especificaciones del nuevo marco regulatorio y que cambios tecnológicos deben acometer?
Para hacer frente a las nuevas implicaciones y cumplir con la normativa, la tecnología puede ser un gran aliado. “La implementación de las nuevas tecnologías puede responder a algunos de los desafíos que plantea esta regulación como es la de recabar consentimientos de clientes para grabar sus conversaciones. Soluciones como Nuance Analytics tienen capacidad para registrar todas las comunicaciones que las entidades financieras intercambian con sus clientes a través de diferentes canales, como llamadas telefónicas, chats o emails, entre otros, con el fin de realizar un análisis completo de dichas comunicaciones”, afirma Marco Piña, director de Ventas de Nuance Enterprise para Iberia.
Precisamente, el rol de la tecnología en el nuevo marco normativo y el impacto e implicaciones de la nueva directiva fueron algunas de las cuestiones que se analizaron en el evento, “MiFID II, el papel de la tecnología en la nueva regulación”, que Nuance Communications celebró la semana pasada en Madrid.
Un problema que plantea esta normativa MiFID a las entidades financieras es cómo gestionar todo el material grabado, es decir, todo el volumen de audio de una entidad financiera con sus clientes. Y es aquí donde Nuance aporta su valor. “Somos especialistas en la voz, capaces de convertir la voz en texto para que sea un dato estructural”, comenta Marco Piña. De esta manera facilitan a las entidades el poder identificar quien está hablando en la grabación.
Dependiendo de la complejidad del proyecto tecnológico que quiera implementar la entidad financiera, y sus requierimientos a la hora en encontrar la información que se desea buscar, la tecnología de Nuance ofrece varias vías. Una de ellas es etiquetar lo que se busca para que toda la información sea analizada a través de big data. De esta manera, no solo se tiene la grabación de lo que se ha hablado, sino que se puede utilizar lo grabado para tomar decisiones y aplicar mejoras en los procesos que se utilizan.
En el encuentro organizado por Nuance, Marco Piña recordó que un proyecto de este tipo puede tardar en implementarse entre tres o cuatro semanas y que luego hay que contar con un tiempo prudencial para optimizarlo.
Impacto económico de la nueva normativa
La llegada de MIFID II obliga a las organizaciones a proporcionar cualquier información al usuario y, en términos generales, a ser más transparentes. La tendencia indica que las entidades financieras ya están comenzando a priorizar la implementación de la nueva directiva entre sus hojas de ruta. Así pues, los expertos señalan que el sector bancario destinará al menos 2.500 millones de euros para adaptarse a la nueva regulación europea. Tal y como apunta Marco Piña, “la inversión en tecnología de las entidades financieras para hacer frente a la nueva regulación oscilará entre los 40 millones de euros al año de los bancos de primer nivel a los 2 a 8 millones de euros al año de los bancos de segundo nivel”.
Como señaló Ana García, socia directora del área de derecho regulatorio del departamento bancario y financiero de Baker McKenzie, presente también en el encuentro, «La implementación de todo este paquete normativo, sin duda alguna, va a implicar un desembolso importante en todas las entidades tanto en asesores legales expertos en MiFID II como en medios tecnológicos que permitan adaptar los procesos y los registros a los nuevos requisitos exigidos por la normativa”, puntualizó.
Si bien es cierto que muchas entidades perciben esta nueva normativa como una amenaza a su operativa actual o consideran que determinadas obligaciones de información son demasiado exigentes, la realidad es que tendrán que adaptarse al nuevo reglamento si no quieren hacer frente a elevadas sanciones que van desde los 600.000 euros hasta los cinco millones de euros o el 10% del volumen de negocios total anual. Por ello, la implementación de nuevas tecnologías como el reconocimiento de voz puede ser el complemento perfecto para ayudar a estas organizaciones a adaptarse a la nueva regulación.
