La AEERC detalla en un webinar de urgencia el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional contra el prefijo 400
Este webinar ha despertado una enorme expectación en la industria, superando las 200 personas inscritas entre directivos, responsables de experiencia de cliente y asesores legales.
Durante la sesión, José Francisco Rodríguez, presidente de la AEERC, y María Luisa Merino, gerente de la Asociación, han dado cuenta detallada de la situación actual del conflicto generado por la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID), que impone la obligatoriedad de centralizar las llamadas bajo el rango de numeración 400.
El presidente de la AEERC explicó minuciosamente en este webinar cómo se ha articulado la presentación del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, elaborado con el asesoramiento del bufete Martínez Echevarría.
Asimismo, se expusieron los términos de la solicitud de medidas cautelares urgentes para suspender dicha resolución. La Asociación defiende que la normativa genera una quiebra técnica irreversible en la bidireccionalidad de las líneas —impidiendo al usuario devolver las llamadas— y un sesgo de rechazo sistemático por parte de los ciudadanos que estigmatiza comunicaciones legítimas y previamente consentidas.
"Queremos explicar a todo el sector en qué fase nos encontramos y qué pasos estamos dando. Solicitamos formalmente que las llamadas que cuentan con el consentimiento expreso del usuario queden excluidas de este rango para operar con normalidad", recalca José Francisco Rodríguez. El webinar ha servido de espacio interactivo para aclarar el impacto económico y operativo de una medida que pone en riesgo miles de puestos de trabajo y la viabilidad de los servicios de atención al cliente en España.
En el plano estrictamente jurídico, los portavoces de la AEERC destacaron que el recurso fundamenta una manifiesta falta de proporcionalidad por parte de la Administración. La defensa legal argumenta que la imposición del prefijo 400 restringe de facto el derecho del consumidor a recibir de forma ordinaria las comunicaciones que ha consentido expresamente. Además, se denunciará que la medida genera una clara ruptura de la unidad de mercado y una discriminación competitiva que penaliza la eficiencia del tejido empresarial español frente a terceros operadores.
