Los presidentes de la Asociación Española de Expertos en Relación Cliente (AEERC), José Francisco Rodríguez, y de la Asociación CEX, Iñigo Arribalzaga, han solicitado una reunión con Rafael Escudero, secretario general de Consumo, en el Ministerio de Sanidad y Consumo, para solicitar la modificación del Proyecto de Ley de Servicios de Atención a la Clientela.
Ambas asociaciones, el pasado 21 de junio, presentaron una propuesta de 11 enmiendas dirigida al presidente y vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Consumo del parlamento, a los portavoces de la citada Comisión, de los partidos mayoritarios y a la ministra de Economía y Transformación Digital. De hecho, los presidentes de la AEERC y de la Asociación CEX hace unas semanas han mantenido sendas reuniones con el PP y el PSOE, concretamente con los responsables de las ponencias y enmiendas a esta Ley, para trasladar las propuestas del sector.
Ahora, solicitando esta reunión con el secretario general de Consumo, el objetivo es reforzar aún más los planteamientos de ambas asociaciones.
Los puntos que se presentan se resumen en:
– Flexibilizar el redactado de la limitación a los 3 minutos como tiempo máximo de espera.
– Eliminar del redactado la consideración de las llamadas de “consultas” a efectos de registro y entrega de justificante.
– Eliminar del redactado la posibilidad de hacer venta proactiva en las llamadas.
– Eliminar del redactado cualquier limitación a las automatizaciones de interacciones.
– Incluir en la exposición de la ley, referencia a la relevancia que tiene para la industria española y para los consumidores, continuar avanzando en la implantación de nuevas tecnologías para agilizar y mejorar la atención al cliente, y permitir a la empresa española, mantener su capacidad de liderazgo internacional en este sector.
– Ampliar de 15 a 30 días el tiempo de resolución de reclamaciones.
– Pasar de 6 a 12 meses el periodo de adaptación tal y como se ha legislado recientemente en la Ley de Telecomunicaciones.
– Excluir de la norma a las PYMES y, en todo caso, sustituir la obligación de hacer auditorías y sistemas de evaluación modificando la periodicidad bianual por bienal.
Además, al igual que ya se ha realizado en las dos anteriores reuniones, ambas asociaciones solicitan conocer detalles de la propuesta del Ministerio en relación a las auditorías que contempla el proyecto de ley.
Asimismo, se continúa insistiendo en la necesidad de contemplar también a las administraciones públicas, central, autonómica y local, bajo el mismo ámbito que se aplique a las empresas privadas, así como empresas privadas de titularidad pública, con el objetivo de que esa mejora que pretende la Ley, alcance al 100 de los ciudadanos.
“Lo que realmente nos gustaría, es que al igual que se hizo en 2011, esta Ley no se tramite, ya que no tiene ningún sentido retomar una propuesta de hace más de 11 años, que obviamente, ha quedado muy desfasada”, señala José Francisco Rodríguez.
Por su parte, Iñigo Arribalzaga puntualiza: “somos un sector de personas y también de tecnología, y esa es nuestra mayor fortaleza de cara a poder competir en mercados internacionales; esta regulación, sin duda, es limitante”.
