La biodiversidad es la clave de la Naturaleza para mantener su equilibrio y salud. En la agricultura, la variabilidad permite una adaptación óptima de los cultivos a diferentes ambientes y condiciones. La capacidad de una determinada variedad de resistir una sequía, medrar en suelos pobres, resistir una plaga o enfermedad, o producir mayores rendimientos o alimentos más sabrosos y nutritivos es fundamental para el futuro de la agricultura. Ello supone que la conservación de la agrobiodiversidad resulte actualmente crucial, puesto que la capacidad de la Humanidad de adaptarse a los efectos del cambio climático dependerá en gran medida de su mantenimiento.
A lo largo de múltiples generaciones los agricultores y agricultoras de todo el mundo han contribuido a adaptar y mejorar los cultivos y las razas ganaderas, seleccionando las semillas o la descendencia animal y utilizando y conservando miles de variedades y razas locales. Sin embargo, en las últimas décadas está teniendo lugar una pérdida irreparable y acelerada de esta biodiversidad agrícola.
Gran parte de esta pérdida ha venido impulsada por el afán de lucro de las grandes corporaciones de agroquímicos y de semillas, que no han escatimado esfuerzos en promover sus variedades “mejoradas” y en apropiarse del patrimonio genético agrícola. Según la FAO, durante el siglo XX han desaparecido el 75% de las variedades utilizadas en la agricultura. La principal causa de esta trágica pérdida ha sido la agricultura industrial, que ha promovido el cultivo de enormes extensiones con variedades comerciales uniformes -cuyo rendimiento depende del uso de abonos químicos y plaguicidas-, sustituyendo las variedades locales utilizadas tradicionalmente. Esta uniformidad ha hecho que los cultivos sean muy vulnerables a las plagas y las enfermedades, provocando pérdidas enormes de cosechas y auténticas tragedias. En 1970, por ejemplo, la uniformidad de las variedades de maíz cultivadas en EE UU provocó pérdidas catastróficas, arruinándose hasta un 50% de la cosecha.
A este proceso han contribuido las administraciones públicas, que han cedido a los intereses empresariales propiciando un marco legal que ha expulsado a los agricultores del mercado de las semillas, dejando la práctica totalidad de su producción y comercialización en manos de las corporaciones.
